La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia medidas para blindarse contra investigaciones en su contra del gobierno de Chihuahua.
Por: Reforma
Ciudad de México.-Â El titular del Ejecutivo federal, Enrique Peí±a Nieto, y su Gabinete buscan blindarse contra investigaciones penales del Gobierno de Chihuahua en su contra.
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales.
Es la primera vez que el Ejecutivo federal presenta una demanda de este tipo.
Los actos reclamados se imputan al gobernador panista Javier Corral, a la Fiscalía General de Chihuahua y también al Poder Judicial local.
âLa solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funcionesâ, es uno de los actos reclamados.
El 28 de septiembre, el gobernador Corral amenazó al Gobierno federal por el caso del exsecretario general del PRI, el empresario saltillense Alejandro Gutiérrez, al que la Fiscalía General del Estado acusó por un peculado de 250 millones de pesos de recursos federales, cargo del que la PGR se desistió.
El titular del Ejecutivo federal, Enrique Peí±a Nieto, y su Gabinete, buscan blindarse contra investigaciones penales del Gobierno de Chihuahua en su contra.
âLo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peí±a Nieto para proteger a Gutiérrez y a (el exgobernador) César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impuneâ, dijo Corral.
âTarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahuaâ, agregó.
La demanda del Ejecutivo está firmada por el consejero jurídico Misha Granados.
Reclama a Corral âsu intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federalesâ.
