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En México continúa la discriminación a indígenas

La CNDH expresó su convicción de impulsar aún más la cultura de respeto y observancia de los derechos fundamentales

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La CNDH expresó su convicción de impulsar aún más la cultura de respeto y observancia de los derechos fundamentales

Por: Proceso  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que, pese a contar con uno de los mecanismos jurí­dicos más eficaces contra los fenómenos de discriminación y violencia, en México la tutela efectiva de los derechos de la población indí­gena no se ha consolidado plenamente en el sistema de prácticas sociales, jurí­dicas y polí­ticas. En un comunicado difundido este jueves, el organismo seí±aló que subsisten obstáculos como la persistencia de prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes contra integrantes de pueblos y comunidades indí­genas; violencia de género contra nií±as, nií±os y adolescentes indí­genas; feminicidios contra mujeres indí­genas, y resistencia social y comunitaria a la participación polí­tica de las mujeres indí­genas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que, pese a contar con uno de los mecanismos jurí­dicos más eficaces contra los fenómenos de discriminación y violencia, en México la tutela efectiva de los derechos de la población indí­gena no se ha consolidado plenamente en el sistema de prácticas sociales, jurí­dicas y polí­ticas. En un comunicado difundido este jueves, el organismo seí±aló que subsisten obstáculos como la persistencia de prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes contra integrantes de pueblos y comunidades indí­genas; violencia de género contra nií±as, nií±os y adolescentes indí­genas; feminicidios contra mujeres indí­genas, y resistencia social y comunitaria a la participación polí­tica de las mujeres indí­genas. En tanto, el 40.3% de las personas indí­genas declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación, como rechazo o exclusión de actividades sociales, le hicieron sentir o miraron de manera incómoda, recibió insultos, burlas o le dijeron cosas que le molestaran; recibió amenazas, empujones o jaloneos, o le obligaron a salir de una comunidad. Algunos de los hechos violatorios de derechos humanos de personas y comunidades indí­genas más frecuentes en el periodo 2015 a julio de 2018, incluidas personas jornaleras indí­genas, son, entre otros: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeí±o de las funciones, empleos, cargos o comisiones; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas indí­genas; prestar indebidamente el servicio público; trato cruel, inhumano y degradante; acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad; detención arbitraria; omitir proporcionar atención médica; omitir proporcionar intérprete o traductor si no habla el idioma, y omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier persona en ejercicio de su derecho. En relación con esos hechos, en el periodo de referencia se emitieron 17 recomendaciones especí­ficas, una conciliación y dos recomendaciones generales (27/2016 y 31/2017), que versaron sobre el derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indí­genas, inadecuada atención médica, violación al derecho a la protección de la salud y la vida, acceso a la información en materia de salud, consentimiento informado en servicios de anticoncepción, libertad y autonomí­a reproductiva y violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, así­ como discriminación a personas indí­genas y privación ilegal de la libertad e impedimento al derecho a la educación. En el mismo periodo, los derechos más vulnerados son: a la seguridad jurí­dica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, de petición, a la igualdad, a la libertad y a la legalidad. La CNDH expresó su convicción de impulsar aún más la cultura de respeto y observancia de los derechos fundamentales para prevenir la discriminación y violaciones a los derechos de los pueblos indí­genas, lo que –subrayó– es parte de la estrategia para que transiten de una situación de vulnerabilidad a una en que sean sujetos plenos de Derecho.
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