Coahuila debe garantizar protección a familias desplazadas

Entre 2009 y 2017, por lo menos 310 mil 527 personas, tuvieron que desplazarse de manera forzada

Por: Ernesto Acosta El fenómeno del desplazamiento forzado de personas no es un problema exclusivo de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, puesto que en Coahuila también se tienen registros de eventos similares. Lo ocurrido en la colonia Nuevo México, en Torreón, y en Allende, por la penetración del crimen organizado, que obligó a la salida de familias de sus viviendas, se suma a lo acontecido el aí±o pasado en la colonia La Palma, en Saltillo, donde el enfrentamiento entre pandillas obligó a 12 familias a abandonar sus hogares. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), publicó el documento “Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México, Informe 2017”, y en él aparece Coahuila, como uno de los 9 estados que han sufrido ese fenómeno, informó la diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández. Entre 2009 y 2017, por lo menos 310 mil 527 personas, tuvieron que desplazarse de manera forzada, debido a la violencia o a conflictos territoriales, religiosos o polí­ticos. “En México miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como una medida reactiva o preventiva para evitar ser ví­ctimas de la violencia y riesgo que existe en diferentes entidades”. “Ante el temor a que la violencia aumente y las consecuencias sean fatales para sus vidas, se ven forzados a tomar medidas extremas como escapar y dejarlo todo. De no hacerlo, su vida y la de su familia podrí­an estar en grave peligro”. Las personas o familias huyen del hogar, de la colonia o municipio donde residí­an, hacia otro sector, localidad o estado, para evitar ser ví­ctimas de la violencia, de venganzas, de un enfrentamiento entre grupos criminales, de reclutamiento forzado y de violaciones a derechos humanos. Refirió que el desplazamiento interno forzado consecuencia de la violencia en México es una problemática con presencia creciente en el paí­s, cuyas ví­ctimas se encuentran en un estado de completa desatención y profunda vulnerabilidad. Consideró que la Constitución de Coahuila debe garantizar la protección a las familias desplazadas por la violencia y no deben ser criminalizadas, más aún cuando los órganos del Estado responsables de proporcionar seguridad son incapaces de hacerlo.