La Secretaría de Función Pública detecto que 76 funcionarios amasaron ilegalmente casi 500 millones de pesos. La mayoría son de Pemex.
Por: Reforma
Ciudad de México.-Â En el último aí±o y medio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que 76 funcionarios de distintas dependencias amasaron de manera ilegal una fortuna de 499.1 millones de pesos.
Esta cantidad es casi tres veces el presupuesto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tendrá el próximo aí±o, que es de 172 millones de pesos.
Por las irregularidades, la SFP presentó ante la PGR denuncias contra los servidores y exservidores públicos, quienes presuntamente incurrieron en el delito de enriquecimiento ilícito.
La mayoría de los funcionarios denunciados â26â trabajaban en Pemex, y, durante su paso por la empresa productiva del Estado, se hicieron de un patrimonio que en su conjunto suma 216.5 millones de pesos.
Tan sólo uno de ellos, identificado con el número de expediente 037/2016, incrementó su patrimonio de manera irregular en 61 millones de pesos.
La SFP ha mantenido reservado los nombres de los denunciados, pero se ha logrado determinar que uno de ellos es Antonio Narváez Ramírez, exadministrador regional de Pemex Exploración y Producción en Poza Rica.
Otras dependencias que tienen las mayores incidencias de funcionarios enriquecidos son el IMSS, con 11, y un monto global de 41.1 millones de pesos; así como la PGR, con 6 casos, que suman 24.4 millones de pesos.
El caso más escandaloso de enriquecimiento inexplicable lo tiene un funcionario de la SEP, identificado con el expediente DGII/DGAEP/013/2013, quien tuvo un incremento en su patrimonio de 72 millones de pesos.
La SFP lleva a cabo un seguimiento de la evolución de los bienes de alrededor de 200 mil servidores públicos a través de las declaraciones patrimoniales que cada aí±o están obligados a presentar.
Cuando se presentan inconsistencias entre lo declarado y los ingresos percibidos, se abre un expediente de investigación y requiere a los funcionarios a que aclaren las discrepancias y si no lo hacen se da vista al Ministerio Público federal.
Una vez presentada la denuncia, le corresponde a la PGR determinar si, efectivamente, el funcionario incurrió en un enriquecimiento ilícito y, en caso de que así sea, llevarlo ante un juez.
