
De acuerdo con el reportaje La Estafa Maestra, el Gobierno federal entregó millonarias sumas a varias universidades por servicios que nunca se realizaron.
Por: Agencias
Ciudad de México.-Â Las dependencias federales y las universidades que violaron la ley para entregar recursos públicos a empresas fantasma entre 2013 y 2014, no han podido comprobar el gasto de 3 mil 947 millones de pesos que estaban destinados para combatir la pobreza, fortalecer los servicios de salud y educación, entre otros fines.
En tres aí±os, las instancias involucradas en esta estafa al erario público no han entregado documentos o evidencias del cumplimiento de los servicios que presuntamente presentaron, después de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción documentaron en el reportaje La Estafa Maestra que 11 dependencias del Gobierno federal contrataron a ocho universidades para hacer supuestos servicios por 7 mil 640 millones de pesos. De ello, 3 mil 433 millones de pesos terminaron en empresas ilegales. Después de la publicación, funcionarios públicos de las instancias involucradas aseguraron en diferentes entrevistas que habían resuelto las observaciones hechas por la ASF, por las irregularidades detectadas en los convenios y contratos.
Una revisión al sistema público de la ASF arrojó que estas dependencias y universidades, involucradas en La Estafa Maestra, tienen pendientes de resolver 112 observaciones, que suman 3 mil 947 millones de pesos, considerado como âun probable daí±o al erario públicoâ.
La ASF presentó seis denuncias de hechos ante la PGR por este esquema de âfraudeâ y de âdesapariciónâ de recursos públicos, según seí±aló el auditor, Juan Manuel Portal.
SEDESOL, DE LAS PEORES
La Sedesol entregó 2 mil 224 millones de pesos a las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos entre 2013 y 2014 para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa de Adultos Mayores y desarrollo de las zonas más rezagadas del país, entre otros.
Rosario Robles, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, encabezó la Sedesol cuando se firmaron los convenios. En entrevista con Javier Risco el pasado 13 de septiembre, aseguró que la Secretaría de la Función Pública había ârespondido con mucha claridadâ al respecto. Sin embargo, cinco de las seis denuncias de hechos presentadas por la ASF ante la PGR, fueron contra la Sedesol por âpagos indebidosâ que hicieron las Universidades de Morelos y Estado de México por servicios no realizados; por ejemplo, la supuesta compra de productos que debían ser entregados en los 400 municipios más pobres del país y que nunca llegaron.
La sexta denuncia fue contra la Universidad Autónoma del Estado de México por utilizar un âesquema de simulación de operacionesâ durante los ejercicios 2013 y 2013, con el dinero proveniente de convenios con las dependencias.
Debido a las irregularidades, la Auditoría hizo 58 observaciones a la Sedesol, de ellas, 32 están concluidas, pero se trata de cuestiones administrativas como que el írgano Interno de Control de la Dependencia inició la investigación sobre los procedimientos. Las 21 observaciones pendientes se deben a que no han podido comprobar el destino de los recursos.
ISSSTE
El actual titular del ISSSTE, José Reyes Baeza, encabezó el FOVISSSTE en 2014, cuando el organismo hizo convenios con la UAEM por 249 millones de pesos. En entrevistas después de la publicación del reportaje, aseguró que los servicios se habían cumplido y las observaciones de la Auditoría estaban solventadas.
SEP
La Secretaría de Educación Pública, cuando Emilio Chuayffet era el titular, entregó 278 millones de pesos al Fondict para supuestos servicios como la digitalización de las cédulas profesionales. Aunque sólo resta una observación por aclarar, se trata de 192 millones de pesos que no han sido comprobados.
OBSERVACIONES
Las únicas universidades que han solventado las observaciones son la Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México y el Instituto Superior de Comalcalco, que al igual que el resto de las instituciones educativas involucradas en La Estafa Maestra utilizaron empresas irregulares para triangular los servicios.