Cada magistrado del TEPJF costará, tan solo en sueldo y prestaciones, más de 47 millones de pesos. Los magistrados tienen además derecho a viajes pagados.
Por: Reforma
Ciudad de México.-Â En su primer aí±o de gestión, cada magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y su equipo de trabajo, costará al erario público más de 47 millones de pesos en promedio, sólo en sueldos y prestaciones.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, en 2017, cada magistrado electoral recibirá una percepción de 4 millones 564 mil pesos, lo que equivale a más de 380 mil pesos mensuales.
El documento detalla que el sueldo bruto anual de los magistrados asciende a 6.7 millones de pesos, incluyendo sueldo tabular, prestaciones de ley, pagos por riesgo, seguros, fondo de ahorro y seguridad social. Cantidad a la que se restan 2.2 millones como retención del ISR.
La remuneración anual neta, de 4.5 millones de pesos, es superior a la del Presidente de la República âde poco más de 3 millones anualesâ, y apenas inferior a los funcionarios mejor pagados en el país: los siete miembros del Consejo de la Judicatura Federal â4.7 millones de pesos anualesâ, y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación â4.6 millones al aí±oâ.
Además de sus generosas percepciones, cada magistrado electoral tiene a su servicio a un promedio de 34 personas, entre secretarios de Tesis, secretarios de Estudio y Cuenta, secretarios particulares, asistentes, asesores y secretarias.con un costo promedio por equipo de trabajo de más de 47 millones de pesos.
El directorio del TEPJF seí±ala que el magistrado con el equipo más caro es Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien tiene a su disposición a 37 personas, cuyas percepciones anuales sumarán este aí±o más de 45 millones de pesos.
José Luis Vargas Valdez es el que cuenta con el equipo de trabajo menos oneroso: 32 personas, cuyos sueldos, salarios y prestaciones superarán los 38 millones 803 mil pesos en 2017.
Janine Otálora, presidenta del Tribunal, cuenta con el equipo más grande, aunque no es el más caro.
Tiene 48 personas a su servicio, las cuales están divididas en tres pequeí±as estructuras: 33 están directamente bajo sus órdenes, 11 se encuentran adscritas a la Secretaría Particular, y cuatro más a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Tribunal.
En total, su equipo de trabajo tendrá un costo de 43 millones 673 mil pesos este aí±o.
Bajo la responsabilidad de la presidenta, operan las coordinaciones de Relaciones con Organismos Electorales; Información, Documentación y Transparencia; Comunicación Social; Asuntos Jurídicos; Igualdad de Derechos y Paridad de Género, y de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta.
En total, los sueldos de los siete magistrados y los 240 empleados que trabajan directamente en sus ponencias suman 331 millones de pesos, cifra que representa más del 10% del presupuesto total del Tribunal, que este aí±o llega a 3 mil 125 millones de pesos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el 75% del presupuesto del TEPJF se gasta en âservicios personalesâ; esto es, se destina al pago de la nómina de mil 800 plazas permanentes, todas de confianza.
Los altos sueldos en el Tribunal alcanzan también a los 24 magistrados de Sala Regional: cada uno percibe una remuneración anual neta de 2 millones 948 mil pesos, lo que significa un gasto total de 70.7 millones de pesos al aí±o.
Viajes: apenas comienzan
Además de sus salarios, los magistrados tienen derecho a viajes que, en apenas ocho meses en funciones, han costado al erario 655 mil 479 pesos.
El magistrado que más ha viajado es Reyes Mondragón. Según el apartado de Transparencia de la página web del TEPJF, ha realizado 21 viajes, en los cuales gastó más de 131 mil 109 pesos.
No obstante, quien ha realizado los viajes más costosos es José Luis Vargas Valdez, quien ha viajado en ocho ocasiones: dos en 2016 y seis en lo que va de este aí±o. En total, ha gastado 375 mil 534 pesos.
Entre los viajes más caros se encuentra el que realizó dos días después de rendir protesta como magistrado, el 6 de noviembre de 2016, para âasistir al programa de visitantes para las elecciones de Estados Unidos y a la Séptima Conferencia Electoral Globalâ. El costo fue cercano a los 41 mil pesos.
Del 8 al 10 de diciembre de 2016, Vargas viajó a Venecia Italia, para âparticipar en la Sesión Plenaria de la Comisión Europeaâ; en esta ocasión gastó más de 241 mil pesos. Y del 20 al 22 de marzo de este aí±o, se trasladó a Brasilia para âparticipar en diversas actividades de vinculación internacional con el Tribunal Superior Electoral de Brasilâ. En este viaje erogó cerca de 50 mil pesos.
Poder transexenal
En el otoí±o de 2016, cuando el Senado recibió de la Suprema Corte de Justicia las siete ternas con aspirantes al Tribunal Electoral, las fuerzas mayoritarias en la Cámara alta (PRI, PAN y PRD) plantearon la negociación como un tema de cuotas.
Senadores que participaron en esas negociaciones recuerdan que el PRI y el Ejecutivo federal, por conducto de Humberto Castillejos Cervantes âentonces consejero jurídico de la Presidenciaâ, impulsaron a tres candidatos: José Luis Vargas, Felipe Alfredo Fuentes y Mónica Aralí Soto.
El PAN, con el expresidente de la Comisión de Justicia y entonces presidente del Senado, Roberto Gil, respaldó a Reyes Rodríguez y Felipe de la Mata.
El PRD propuso a Janine Otálora, quien finalmente obtuvo el respaldo de todas las fuerzas políticas para convertirse en la presidenta del Tribunal. Y respaldó a Indalfer Infante, un funcionario de carrera del Poder Judicial.
De los siete magistrados electos, tres fueron designados para un periodo de nueve aí±os: Otálora, Soto y De la Mata. Los otros cuatro rindieron protesta ante el Senado para periodos de tres y cuatro aí±os.
Pero, para cerrar su negociación, los partidos tuvieron que ampliar el plazo de esos cuatro magistrados: Vargas e Infante, de tres a siete aí±os, y Rodríguez y Fuentes de cuatro a ocho aí±os.
La extensión de los plazos fue aprobada en fast track en el Senado y la Cámara de Diputados, e impugnada por Morena mediante una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.
Los ministros de la Corte âinvolucrados por ley desde el inicio del proceso de designaciónâ terminaron avalando la polémica decisión, en una resolución dividida de seis votos contra cinco, el 26 de junio pasado.
