La ONU y diversos sectores exigen investigar al respecto.
Por: Reforma
Ciudad de México.-Â En el último lustro, la Procuraduría General de la República (PGR) ha gastado más de 524 millones de pesos en software de última generación para el monitoreo y extracción de todo tipo de información de teléfonos inteligentes, computadoras y dispositivos electrónicos.
La dependencia cuenta con la tecnología Pegasus y Finfisher, las dos principales marcas que compiten en el mercado del software espía en México, uno adquirido en el último aí±o del sexenio de Felipe Calderón y otro en el segundo aí±o de la Administración de Enrique Peí±a Nieto. Por el Finfisher, la PGR pagó 109 millones 327 mil 680 pesos y por el Hunter Punta Tracking/Locsys, 93 millones 236 mil 160 pesos. La tecnología fue comprada a la empresa Obses de México, S. A. de C. V. Con el cambio de sexenio, la PGR desembolsó otros 322 millones de pesos en tecnología de espionaje electrónico. En 2014, con Jesús Murillo Karam al frente, la PGR compró a la empresa Balam Soluciones de Seguridad el âmalwareâ Pegasus, fabricado por la israelí NSO Group. Empresarios del ramo dijeron que al menos otras tres dependencias federales y tres gobiernos estatales cuentan con los mismos equipos de espionaje; sin embargo, sus compras no están documentadas como en el caso de la PGR. En tanto el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos demandó una investigación exhaustiva e independiente tras la revelación de espionaje a activistas y periodistas mexicanos. âCuando las personas, incluyendo periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, son el objetivo de la vigilancia ilegal, es una clara violación de su derecho a la intimidad con consecuencias graves para la libertad de expresiónâ, dijo en Ginebra, la portavoz Elizabeth Throssell. Diputados y senadores de oposición exigieron al Gobierno abrir los contratos con los que fue adquirido el software Pegasus para presuntamente espiar a activistas y periodistas en México. Consideraron que la imagen internacional del país será afectada por la revelación de que el Gobierno mexicano espía a periodistas y activistas, así como por las denuncias de fraudes electorales que ya llegaron a la OEA.
